El escenario político que enfrenta la anestesiología en Chile y el rol que debe asumir la SACH

Correspondencia

Filiaciones

Rev Chil Anest Vol. 39 Núm. 1 pp. 7-13|doi:
PDF|ePub|RIS

No cabe duda que la práctica médica está cambiando en Chile. Estos cambios derivan de una serie de políticas públicas implementadas en los últimos años, a cuyo diseño los médicos hemos asistido más como espectadores que como protagonistas, sin perjuicio que ahora somos quienes debemos ponerlas en práctica. Si en la definición y elaboración de esas políticas de salud, instituciones de mayor peso político como el Colegio Médico de Chile A.G. han jugado un rol parcial, la participación de las Sociedades Científicas ha sido prácticamente nula.

Si buscamos las razones de esa escasa participación, muy probablemente vamos a concluir que de parte de las autoridades del país ha existido al menos algún grado de intencionalidad en que así sea, pero del mismo modo debemos reconocer en nuestras instituciones científicas una escasa voluntad y capacidad para involucrarnos en los problemas, entender el escenario que estamos viviendo y aportar soluciones plausibles a los problemas de cobertura y calidad de las prestaciones médicas en el país.

Estando el proceso en desarrollo y por tanto no plenamente resuelto, debemos tener en cuenta que el no haber participado en las etapas previas que definieron el escenario actual es un error, pero del mismo modo debemos tener clara conciencia que aún existen instancias en las cuales la opinión y la acción de las Sociedades Científicas pudiera influir en asegurar no sólo la cobertura sino también la calidad de las prestaciones médicas que nos competen.

Para ello es imprescindible que nos detengamos un momento a analizar cómo se configura el momento político que nos afecta.

El Escenario Político

El escenario que a continuación describiré es una visión personal del momento que vivimos y por lo tanto es ciertamente debatible, sin embargo, lo que no merece dudas es que independiente de las diferentes opiniones que se tengan de él, condicionará la práctica de la anestesia en nuestro país en el corto, mediano y largo plazo, puesto que se configura en base a una serie de problemas relativos a nuestra especialidad, cuya solución puede ser abordada de diferentes formas, unas mejores que otras, produciendo finalmente un avance o un retroceso en la práctica de la anestesiología en Chile.

Existen tres leyes hoy en vigencia, que de una u otra manera comprometen la práctica de nuestra especialidad y determinan desafíos en su futuro desarrollo.

Primera Ley

La primera ley es el AUGE, que en rigor es un conjunto de leyes que en lo sustantivo garantizan una atención oportuna y de una determinada calidad para un conjunto de patologías definidas.

Los problemas que enfrenta el AUGE derivan de la disrelación entre la demanda en salud que él implica y los recursos estructurales y humanos necesarios para cumplir con la garantía. Este último aspecto -el déficit del recurso humano- se traduce entre otras cosas, en la carencia de los especialistas necesarios para sustentar las prestaciones médicas. Como algunas autoridades señalan, el error fue no presentar una ley complementaria que definiera el mecanismo y proveyera los recursos para la formación de los especialistas necesarios para sustentar el plan.

Si así hubiera sido, el diseño de dicha ley hubiera requerido de la participación de los centros formadores de especialistas hasta ese momento existentes, de las universidades interesadas en iniciar formación de postgrado y muy probablemente de las Sociedades Científicas como ente articulador.

Al no haber ocurrido de esta forma, la solución del problema es compleja por dos razones:

En primer lugar porque no basta con agregar recursos financieros para aumentar el número de especialistas en formación. Para hacerlo, se requiere además el funcionamiento de una cantidad crítica de programas de postgrado con capacidad y experiencia docente y con campos clínicos que provean la cantidad necesaria de procedimientos para un adecuado entrenamiento.
En segundo lugar porque reconociéndose tarde el problema, cualquier solución que se implemente hoy aumentando el número de especialistas en formación, significa un retraso mínimo de tres años en obtener los primeros resultados. Muchos directores de hospital y jefes de servicio, agobiados por la exigencia de resultados inmediatos, no están dispuestos a esperar dicho lapso y buscan soluciones alternativas que no siempre son las mejores para la población, sobre todo en el largo plazo.

En este contexto generalizado de déficit de especialistas, el caso de anestesia es probablemente uno de los más dramáticos. Esto porque existiendo una brecha previa entre oferta y demanda de anestesiólogos, la ley de garantías en salud no hizo otra cosa que aumentar en forma importante y súbita el factor demanda, sin un aumento aparejado de la otra llave de la ecuación.

Una rápida revisión de la lista original de 56 patologías incluidas en el plan, muestra que en 25 de ellas se requiere entre otros especialistas un anestesista y en otras 3 es frecuente que también se requiera. No hay una especialidad que esté involucrada en más patologías en el AUGE que la anestesiología, convirtiéndose el déficit existente en un verdadero escollo para cumplir con la ley.

No es de extrañar entonces que dentro de los últimos 10 problemas de salud que actualmente se encuentran en trámite para ser agregados al plan, prácticamente ninguno sea de carácter quirúrgico. La comisión que asesora al Ministerio de Salud en el tema AUGE ciertamente está al tanto de este problema y probablemente no sugerirá incorporar nuevas patologías de resolución quirúrgica en tanto exista un déficit de tal magnitud.

Es muy difícil calcular cuál es el déficit real de anestesistas en Chile. La Sociedad de Anestesiología intentó hacer una de tantas aproximaciones el año 2006, cuando durante la realización de una reunión del Comité Consultivo, con presencia de representantes de casi todas las regiones del país, se hizo una estimación en el sistema público de salud, contabilizando los cargos que era imprescindible crear para el buen funcionamiento de esos servicios, aquéllos que ya existiendo se encontraban vacantes y aquellos necesarios para reemplazar a los especialistas que se acogerían al artículo 44 de la ley 15.076 durante los siguientes 5 años. Ese simple ejercicio concluyó en una cifra cercana a un déficit de 170 anestesistas.

Desde luego, la conclusión es errónea por varias razones:

No considera la absorción de especialistas por parte de las instituciones privadas, que prácticamente sin excepción han visto crecer sus servicios de anestesia, producto del aumento de la demanda en prestaciones de salud del que se han hecho cargo.
No considera la inminente construcción de nuevos hospitales en el sistema público, que conlleva la creación completa de nuevos servicios de anestesia.
No considera la reconstrucción de antiguos hospitales, cuyas nuevas dependencias tendrán más pabellones quirúrgicos y por lo tanto, necesitarán de servicios de anestesia más grandes.
No considera la extensión horaria de pabellones de hospitales públicos que antes funcionaban solamente en la mañana.
No considera que los servicios de anestesia tanto en el ámbito público como el privado están extendiendo su rango de acción a prestaciones fuera de pabellón que antes no generaban carga laboral.
Finalmente, no considera que la demanda en salud es un parámetro dinámico y de crecimiento constante, y que por lo tanto es una equivocación analizarla en base a visiones fotográficas.

Así planteado el problema, y con la limitación de los escasos datos disponibles, pareciera ser que el déficit de anestesistas en el país se eleva por sobre los 200, número bastante alejado de la estimación que tenía originalmente el Ministerio de Salud, cercana a los 135 especialistas.

Existe en este momento una encuesta a nivel nacional, elaborada por la Universidad del Desarrollo y con colaboración de la Sociedad de Anestesiología de Chile, que pretende hacer un diagnóstico más preciso de la situación, incorporando otras variables aún no tomadas en cuenta como: cantidad de pabellones suspendidos por falta de anestesista, frecuencia con que un anestesista asume dos o más pabellones en forma simultánea, etc. Esperamos que dicha encuesta nos entregue una cifra más certera.

Segunda Ley

La segunda ley que juega un rol importante es la Ley de Autoridad Sanitaria, publicada en el año 2004.

Entre otros aspectos, esta ley señala la obligación de acreditarse de todos los prestadores institucionales de salud (hospitales, clínicas, etc.) que aspiren a resolver patología AUGE. Dentro de los requisitos para obtener dicha acreditación se exige el que los prestadores individuales que trabajan en dichas instituciones (los médicos) posean certificación de la especialidad en que se desempeñan.

En Chile, no hay un solo hospital en el sector público cuyos médicos se encuentren en su totalidad certificados a través del sistema vigente (programas de postgrado de una universidad perteneciente a ASOFAMECH o certificación de CONACEM). Esta realidad es absolutamente aplicable al caso específico de la anestesiología. En consecuencia, en este momento no existe ningún hospital público que pueda acreditarse bajo las condiciones que la ley señala.

Por otro lado, las autoridades estatales deben suponer que un porcentaje no menor de los 2.200 especialistas no certificados que existen en Chile -gran parte de ellos trabajando en los hospitales públicos- no tienen intenciones inmediatas de rendir examen ante CONACEM. Pero peor que eso, saben que en el hipotético caso que esos médicos decidieran regularizar su situación hoy, CONACEM no tiene la capacidad de tomar examen a una cantidad de médicos tan grande en el corto plazo.

En consecuencia, el estado se “caza la cola” despachando una ley cuyo objetivo es elevar el nivel de la práctica médica en Chile, exigiendo certificación a todo aquél que se desempeñe como especialista en una institución de salud, pero se da cuenta a poco andar que aplicar dicha ley significa sacar del sistema -especialmente del público- una cantidad importante de especialistas sin los cuales no puede resolver los problemas AUGE a los que se comprometió en otra ley.

Esta realidad enfocada en el ámbito anestésico muestra las siguientes cifras: En Chile, existe alrededor de 1.100 anestesistas en ejercicio. De ellos, cerca de 850 tienen certificación otorgada por una universidad miembro de ASOFAMECH o por CONACEM. En consecuencia, aproximadamente 250 se encuentran ejerciendo sin contar con este tipo de certificación.

Sin que exista un estudio oficial acerca de esos 250 profesionales ejerciendo la especialidad, ni por parte de la Sociedad de Anestesiología ni menos del Ministerio de Salud, señalaré algunas de las características que posee esa población, que está representada por todo el rango etario, desde colegas recién incorporados a la especialidad hasta colegas cercanos a la jubilación. Dentro de este grupo se encuentran:

Especialistas que se incorporaron a un Servicio de Anestesiología donde recibieron un entrenamiento informal (formación en práctica), luego de lo cual pasaron a ser parte del servicio. Muy probablemente esta forma de desarrollarse como anestesistas era mucho más frecuente hace un par de décadas y hoy constituye una excepción.
Especialistas que completaron una formación de tres años en una institución que no contaba con acreditación de ASOFAMECH, luego de lo cual no han rendido examen de CONACEM. A este grupo de profesionales ha aportado principalmente el Programa de Formación Ministerial de Anestesistas, que posteriormente se convirtió en el Programa de Postgrado en Anestesiología de la Universidad de Santiago, de cuyos egresados (más de 150) existe un número minoritario pero no despreciable que no ha rendido su examen. A esto se agrega en los últimos años el Programa de Postgrado de la Universidad Mayor, que cuenta ya con egresados ejerciendo como especialistas.
Profesionales chilenos o extranjeros que realizaron su especialización fuera de Chile, luego de lo cual revalidaron el título de médico en nuestro país, pero no hicieron lo mismo con la certificación de especialidad.
Médicos que ingresaron a un programa de especialización en anestesiología en Chile, acreditado o no acreditado, pero que posteriormente fueron eliminados de dicho programa antes de completar su formación, debido a desempeño insuficiente. Luego de ello, fueron contratados por algún hospital como anestesistas, debido a la apremiante falta de especialistas existente.

Las características recién enumeradas, permiten definir la principal característica de este grupo de médicos que se desempeña en la anestesiología: es un grupo heterogéneo. Este es un aspecto relevante, puesto que perfectamente se puede suponer que dicha heterogeneidad no es sólo relativa a la edad o a la forma en que se incorporaron a la especialidad, sino también a sus habilidades, destrezas y conocimientos en la anestesiología.

No existe otra forma de uniformar el estándar de conocimientos y habilidades de estos profesionales que no sea el rendir un examen que evalúe ambos aspectos, exigiendo un nivel mínimo de ellos para desempeñarse en la especialidad, rol que ha jugado el examen de CONACEM en las últimas dos décadas.

Tercera Ley

La tercera ley que importa a nuestra especialidad, justamente dice relación con el mecanismo mediante el cual se asegurará la calidad de la certificación de especialistas en el futuro, bajo el nombre: “Reglamento de Certificación de las Especialidades y Subespecialidades de los Prestadores Individuales de Salud y de las Entidades que la Otorgan”, publicada en noviembre de 2008.

El diseño de este reglamento contempla la participación de dos ministerios: el Ministerio de Salud y el Ministerio de Educación, involucrando otra ley, la 20.129 o “Ley de Aseguramiento de la Calidad de la Educación Superior”.

En este reglamento se establece el mecanismo mediante el cual se acreditarán las entidades certificadoras de especialistas y sub-especialistas en el país. De este modo, toda institución que desee tener programas de postgrado en medicina, deberá someterse a un proceso de acreditación ante una entidad de derecho público denominada “Comisión Nacional de Acreditación”, proceso sin el cual no podrá ejercer esta función.

Esta ley establece los controles necesarios para que las entidades que certifiquen especialistas lo hagan bajo un criterio de calidad específico, evitando cualquier otro modo de incorporarse a una especialidad que no sea a través de alguna de estas instituciones.

Desde ese punto de vista, esta ley es un avance sustantivo en la regulación de las especialidades médicas en Chile, resolviendo en lo prospectivo un tema que durante años ha estado desatendido, cual es: quién puede desempeñarse como especialista en el país.

Sin embargo, el mismo documento incorpora un artículo transitorio, cuyo análisis genera mayor controversia, que permite otorgar el rango de especialista a profesionales que previo a noviembre de 2008 (cuando se publicó la ley) cumplan los siguientes requisitos:

Mantengan un convenio vigente con FONASA, para dicha especialidad.
Se hayan desempeñado como especialistas durante al menos 5 años en hospitales del SNSS, otorgando al Director de Servicio de Salud la potestad de emitir dicha certificación.

De este modo, este decreto permite regularizar la situación de algunos de los profesionales que ejercen la especialidad sin contar con certificación, mediante un procedimiento que los exime de rendir un examen de conocimientos y habilidades.

La secuencia de sucesos que origina esta medida es evidente:
El Estado adquiere el compromiso de resolver determinadas patologías en un plazo definido por ley.
El déficit de especialistas en el país impide cumplir con este compromiso.
Se les exige a los hospitales acreditarse, para lo cual todos sus médicos deben estar debidamente certificados.
Todos los hospitales públicos del país tienen especialistas no certificados, pero no pueden prescindir de ellos debido al déficit antes señalado.
La única solución es crear un método de certificación alternativo, que resuelva al menos en forma momentánea la situación de estos profesionales y otorgue a los hospitales la posibilidad de acreditarse como se los exige la ley.

¿Deteriora esto la calidad de la atención en salud? La respuesta es no; los profesionales aludidos llevan años desempañándose en sus especialidades y continuarán haciéndolo de la misma forma.

Lo que no se produce es el salto hacia lo que pretendía la propia ley cuando ésta fue elaborada: el que todos los especialistas acrediten un determinado nivel de conocimientos y habilidades. Por de pronto, progresar en los niveles de cobertura significa no hacerlo en los niveles de calidad.

Rol de la Sociedad de Anestesiología de Chile

En este complejo escenario, el cuestionamiento respecto al rol que puede y debe jugar la SACH comienza por definir si queremos efectivamente influir sobre estas políticas.

La respuesta a esa pregunta debe ser invariablemente: SÍ.

¿Por qué sí? Porque nuestros estatutos nos obligan. El artículo 2º en su parte final, señala que dentro de los objetivos de la Sociedad de Anestesiología está el “propender al progreso de la anestesia”. Influir en estas políticas es una forma de hacerlo.

Sin embargo, para que nuestro nivel de influencia sea efectivo, debemos ser capaces de identificar elementos claves sobre los cuales influir positivamente. En mi opinión, esos elementos son: el déficit de especialistas, la acreditación de centros certificadores y los profesionales que ejercen la anestesiología sin certificación.

El déficit de anestesistas

Lo primero que debemos tener en claro es que este déficit genera oportunidades y vulnerabilidades.

Por un lado esta situación permite que nuestros post-becados tengan acceso prácticamente inmediato a puestos de trabajo y que determinados servicios hayan logrado mejoras salariales dentro de lo que la ley permite. Por el otro, debemos tener claro que el Estado, de alguna u otra forma va a resolver este problema, porque hacerlo es imprescindible y, puede ser que algunas de las soluciones a las que eche mano no nos gusten. Basta recordar la sugerencia que hizo un ex subsecretario de salud de enviar a formar especialistas a otro país latinoamericano.

En consecuencia, más vale que nos involucremos en la solución. Eso nos permitirá influir sobre la calidad y revertir el aumento en la formación de especialistas cuando ya no exista déficit.

El primer paso para abordar este punto es objetivar la cifra. Como se señaló previamente es más fácil decirlo que hacerlo, pero con todas sus limitaciones, debemos intentar una aproximación más certera.

Una vez obtenida esta información se debe correlacionar con otras dos variables: El aumento estimado en la demanda de salud en los próximos años y la capacidad de formación de especialistas de los centros certificadores. A partir del cruce de estos datos podremos proyectar el tiempo necesario para solucionar la brecha.

En ese sentido, la encuesta que en estos momentos realiza la Universidad del Desarrollo debería aportarnos datos importantes con los cuales ir a conversar con las autoridades de salud.

De las tres variables señaladas, aquélla en la que contamos con más información es en la cantidad de anestesistas que se forman anualmente. Ésta ha ido aumentando progresivamente desde un promedio de 5 en la década del ochenta, 10 en los noventa hasta una cifra de 25 después del año 2000.

Si esa última cifra se mantuviera, un déficit estimado de 200 anestesistas significaría proyectar entre 8 y 10 años de déficit asegurado. Sin embargo, el esfuerzo que han hecho casi todos los programas existentes en acercarse a su máximo nivel de formación y la incorporación de nuevos centros certificadores, se ha traducido en que actualmente exista un número superior a los 40 becados pasando de primer a segundo año de beca, cantidad que probablemente se mantendrá en los próximos años.

Al desconocer en números objetivos las otras dos variables, esta cifra sirve solamente para demostrar a las autoridades de salud que ha existido un esfuerzo real por formar más anestesistas, y en lo posible para convencerlos que el “medio local” es capaz de resolver el problema, sin tener que recurrir a otras soluciones, que en nuestra opinión van en contra del otro objetivo, que es asegurar la calidad.

Honestamente, el aumento en la formación de especialistas no es consecuencia de política alguna que haya ideado o sustentado la Sociedad de Anestesiología de Chile. Es más bien una consecuencia lógica del aumento de las universidades que imparten la carrera de medicina, de los egresados anuales que buscan especialización, y además, de los servicios de anestesia que, formando parte de alguna de esas nuevas universidades, se reconocen como capaces de sostener un programa de postgrado de calidad.

Existe otra variable a considerar cuando se analiza el número de especialistas que anualmente se incorpora a la especialidad y que importa en particular a las autoridades de salud: ¿Cuántos de esos profesionales asumen cargos en el sistema público?

Un somero análisis realizado por la Sociedad de Anestesiología hace un año atrás, reveló que dos tercios de los egresados asumen al menos 11 horas en un hospital público. Sin embargo, si bien esta cifra pudiera parecer satisfactoria, la impresión de las autoridades de salud es que al cabo de tres años de ejercicio, un número importante de esos profesionales han emigrado a la práctica privada, condición que parece muy difícil de resolver mientras exista una brecha tan importante entre las remuneraciones en ambos sistemas, sobre todo considerando que como se señaló previamente, el sistema privado continúa aumentando su nivel de prestaciones.

Afortunadamente, aunque en forma tardía, algunos directores de hospital y directores de servicios de salud han comprendido que por de pronto, una de las pocas formas de asegurar la contratación de un anestesista, es financiar su formación a través de un sueldo y el pago de su arancel universitario. Producto de ello, cada vez es mayor la cantidad de postulantes a becas primarias que acuden contando con el respaldo de algún servicio de salud.

No obstante, encontrándose esta decisión radicada en los directores de hospital y en las autoridades regionales, el monto y la forma de financiamiento, incluido el compromiso laboral posterior, varían enormemente entre uno y otro caso.

Es acá donde la Sociedad de Anestesiología pudiera tener un rol negociador con la autoridad central en el sentido de regularizar esa situación, consiguiendo que todo becado financiado cuente con un sueldo equivalente a 44 horas, en el entendido que ese sueldo le permitirá tener efectiva dedicación exclusiva y, en consecuencia, un mejor nivel de formación.

Nuevamente, la gestión parte por conocer la situación actual, por lo que el Directorio de la SACH planea sostener una reunión con la totalidad de los becados de anestesiología del país a inicios del mes de mayo, donde aparte de tratar otros temas, se espera tener una visión global de este aspecto. El simple hecho de sincerar las condiciones en que unos y otros negocian sus remuneraciones con los distintos servicios de salud, puede servir para obtener un cierto grado de regulación.

La Acreditación de Centros Certificadores

Ya se ha señalado que el aumento en la formación de especialistas se debe, al menos en parte, a la incorporación de nuevos programas de postgrado, todos ellos relacionados con alguna universidad.

A los ya tradicionales programas de ASOFAMECH de las Universidades de Chile, Católica, de Valparaíso y de Concepción, se han agregado los programas de las Universidades de Santiago, Mayor, del Desarrollo y de los Andes. Todos ellos deben acreditarse ante la autoridad de salud a través del reglamento que ya fue mencionado previamente, lo cual le permitirá a sus egresados ser incorporados a los registros de la Intendencia de Prestadores, una vez que hayan rendido examen ante su propia universidad.

Dicho reglamento contempla la participación de una entidad de derecho privado – una “agencia acreditadora” – que evalúe los programas y sugiera a la Comisión Nacional de Acreditación si un programa merece o no tal distinción, de acuerdo a criterios específicos. La ley deja abierto este espacio para la participación de una o más agencias de este tipo, con el consiguiente riesgo de que los criterios aplicados sean disímiles.

Previendo esto, algunas organizaciones del ámbito médico decidieron crear una agencia que cumpliera este rol. Es así como el Colegio Médico, ASOFAMECH, ASOCIMED (Asociación de Sociedades Científicas Médicas de Chile) y la Academia de Medicina, crearon la agencia de acreditación de programas de formación de especialistas médicos APICE (Acreditación de Programas de Especialización Médica), que postuló a ejercer este rol, siendo aceptada por la autoridad a inicios del año pasado.

En septiembre de 2009, la Comisión Nacional de Acreditación aprobó los criterios generales de evaluación de programas de postítulo en medicina sugeridos por APICE, aplicables a cualquier especialidad que postula a la acreditación. En estos momentos se trabaja en definir los criterios específicos que competen a cada especialidad.

En enero de 2010, la Sociedad de Anestesiología de Chile solicitó una reunión con el Dr. Vicente Valdivieso – Secretarios Ejecutivo de APICE – con el fin de concordar con él aquellos temas en los cuales nuestra Sociedad pudiera colaborar con la agencia. En dicha reunión, a la cual asistí en mi calidad de presidente, junto con la Dra. Silvana Cavallieri, encargada por el Directorio de la SACH de presidir la Comisión de Educación en Anestesia, se acordó participar en dos ámbitos:

Enviar a APICE el documento que resuma los criterios específicos que nuestra Sociedad considera imprescindibles para acreditar un programa de postgrado en nuestra especialidad.
Sugerir una lista de “pares evaluadores”, todos profesionales con experiencia en educación en anestesia, que se sume a la pequeña lista que ya tenía APICE, para participar constituyendo las comisiones específicas que evaluarán los distintos programas.

Luego de un trabajo muy acucioso por parte de la comisión señalada, ambos documentos ya se encuentran en poder de APICE, y constituyen dos aspectos de la acreditación sobre los cuales la SACH está influyendo responsablemente.

Los Profesionales que Ejercen la Anestesiología sin Certificación

Asumiendo que con la acreditación de centros certificadores se solucionará en lo prospectivo el tema de quiénes pueden o no pueden ejercer como especialistas, queda por resolver cómo se debe certificar a aquellos colegas que se desempeñan como anestesistas sin contar con certificación, entendiendo que para la SACH, la certificación alternativa que se llevó a efecto a fines del año pasado no es una solución satisfactoria, puesto que exime a dichos profesionales de demostrar sus conocimientos y habilidades.

Por otro lado, debemos reconocer que para el Estado, aplicar esta certificación alternativa es un mecanismo eficiente para coordinar estas tres leyes antes expuestas, que colisionan inevitablemente. Por tal motivo es lógico pensar que oponerse a que se aplique este artículo transitorio es inoficioso.

Sin embargo, existen dos ámbitos en los cuales la SACH pudiera tener algún tipo de injerencia:

Existe un grupo de colegas formados en programas no acreditados, la mayoría recién egresados o a punto de egresar, que han manifestado su interés de rendir el examen de CONACEM lo antes posible. El criterio de Conacem ha sido, hasta el momento, el exigirles trabajar dos años en un hospital tipo A, para cumplir 5 años en total y postular bajo la modalidad “formación en práctica”. Considerando que esta modalidad no fue creada para los profesionales que se incorporaban a través de un programa no acreditado, y apelando a que CONACEM reconozca el cambio en el escenario que hoy vivimos, parece lógico solicitar que dichos profesionales tengan la oportunidad de rendir examen apenas terminen su formación. Sobre todo teniendo en cuenta que ya existen antecedentes de que CONACEM ha permitido este tipo de excepciones con programas relativos a otras especialidades. Por tal motivo, le he enviado una carta al Dr. José Tamblay -Presidente de la Comisión de Anestesiología de CONACEM- solicitándole que haga las gestiones ante quién corresponda, para poder ofrecer esta alternativa a aquellos colegas que ya han aprobado su examen de especialidad en su universidad, poniendo como requisito que dicha universidad se encuentre realizando sus trámites de acreditación. Nos encontramos a la espera de la respuesta del Dr. Tamblay.
Existe la idea de solicitar a ASOCIMED que gestione ante las autoridades de salud, que en el proceso de recertificación que se iniciará en 7 años más, aquellos colegas que se hayan acogido a la certificación alternativa – esto es, sin examen de por medio – estén obligados a rendir examen, sin que en esa circunstancia puedan presentar solamente sus antecedentes laborales. Si así se consiguiera, dichos colegas tendrán 7 años de plazo para regularizar su situación, tiempo en el cual el estado contará con ellos desempañándose en los hospitales y la SACH podrá diseñar los medios necesarios para ayudarlos a conseguir el objetivo.

Finalmente, quiero reiterar que el escenario descrito, sus alcances, y los ámbitos en los cuales la Sociedad de Anestesiología puede influir son discutibles, cosa que no hace más que corroborar la complejidad del mismo.

La única cosa que en mi opinión no es debatible es que lo peor que puede hacer nuestra Sociedad es asumir un rol de espectador, no haciéndose partícipe de los cambios que se avecinan.